Hoy, el voluminoso stock de expedientes en la DGA —que ya supera los 28.000 casos— no es solo un problema de plazos; en el caso de las solicitudes de cambio de punto de captación (VPC), es el síntoma de un sistema que ha elevado su estándar de exigencia. Especialmente cuando la solicitud recae sobre un sector (SHAC) bajo Zona de Prohibición, escenario donde el rigor evaluativo se ha vuelto imperativo tras la sustantiva reforma al Código de Aguas de 2022. 

Bajo la declaración de Zona de Prohibición, la administración ya no solo debe limitarse a evaluar criterios de titularidad del predio, radio de protección o disponibilidad de la fuente. La decisión de aprobar o rechazar un VPC descansa hoy sobre la capacidad del solicitante para demostrar, con suficiente densidad técnica, que el cambio es compatible con la sustentabilidad de la fuente, con la prevención de la intrusión salina o con la protección de derechos de terceros, según sea el caso.

Para los sectores productivos, la pregunta ya no es cuánto tardará el permiso, sino si el expediente posee la solidez necesaria para resistir el escrutinio de la autoridad. Una solicitud tácticamente errónea en un contexto de escasez no solo arriesga el rechazo; compromete la continuidad operacional y la valorización del activo hídrico a largo plazo.

Tratándose de casos circunscritos a zonas de prohibición, la sustentabilidad dejó de ser un concepto ético para transformarse en un requisito técnico-jurídico excluyente.

SUBP aporta la profundidad analítica para descifrar la complejidad de cada territorio. Diseñamos la arquitectura estratégica que hace viable la operación, asegurando que cada activo responda con solidez a la realidad técnica de su cuenca.

[Publicado vía LINKEDIN el 14 de abril de 2026]